Si eres un ciudadano comunitario y quieres abrir una cuenta bancaria comunitaria, debes saber que, aunque no es imposible, hay que tener en cuenta que cada Estado posee sus propias normas sobre esta acción.
Abrir una cuenta bancaria en cualquier estado que sea miembro de la Unión Europea, es un derecho que se le otorga a cualquier tipo de ciudadano comunitario. A pesar de esto, no hay ninguna norma que atribuya los mismos derechos ni las mismas obligaciones a todos los ciudadanos frente a los bancos que ofrecen este tipo de productos.
Contratar una cuenta corriente en un país comunitario, pertenece al grupo de los llamados servicios financieros al por menor en el mercado único. De manera que, cada contratación está relacionada con las propias leyes que hay en cada país. Por tanto, en múltiples ocasiones, resulta complicado conocer a fondo los distintos detalles acerca de las condiciones de contratación de dichos productos.
Si bien es cierto que en la actualidad, el servicio de productos financieros al por menor, incluyendo las cuentas bancarias están sujetos a una revisión profunda, que puede hacer que acabe con una readaptación de las normas, algo anticuadas, respecto a un solo ámbito. Así como el de los servicios financieros, que ha modernizado de manera muy profunda su espectro en la última década.
Tal y como hemos mencionado antes, cada estado tiene en su poder unas normas propias relativas a la contratación de servicios financieros al por menor. Lo que sí debemos tener siempre en cuenta, es que en algunos casos, estas normas pueden cambiar drásticamente de un país a otro. Y ya no sólo desde el punto de vista de la legalidad, también desde el punto de vista de la propia entidad financiera que nos ofrece el servicio.
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De esta forma, vamos a encontrar tanto países comunitarios que obligan a cuestiones como residencia en el país de acogida, número de identificación fiscal, o incluso aportación de residencia en otro estado miembro, así como también la acreditación de identificación personal. En muchos casos, sobre todo en los procesos de inmigración, se trata de condiciones que muchas veces, pueden resultar complejas para ser cumplimentadas. Por ejemplo, es muy posible que se pidan cosas como contratos de alquiler, carné de conducir homologados, alta de suministros en la residencia habitual, etc.
La decisión de aprobar o no la solicitud de apertura de cuentas bancarias por parte de un ciudadano comunitario, en la mayoría de países, termina dependiendo del acuerdo que exista entre partes y de la propia voluntad comercial de la entidad financiera. Eso sí, siempre sin eximir determinadas exigencias, como hemos mencionado anteriormente. En teoría, el principio de libertad contractual queda aplicado para todas las entidades, lo que significa que realmente no están obligadas a realizar la apertura de cuentas corrientes a cualquier tipo de ciudadano en cualquier circunstancia, sino sólo cuando se da ese acuerdo entre partes, obviamente incluyendo a la propia entidad como una parte, por lo que siempre va a poder rechazar la oferta de contratación.
Los motivos que existen para contratar cuentas bancarias en países comunitarios, son realmente diversos. Los hay desde quienes buscan contratar productos de ahorro, o de inversión, en el extranjero, hasta quienes van a desplazarse durante un periodo de tiempo determinado al país de destino, e incluso para no residentes que necesitan determinadas operativas.
Como ya hemos dicho anteriormente, esta contratación es posible de realizar. No obstante, los trámites pueden variar mucho entre países. De esta manera, países como Luxemburgo, Alemania o Francia, son realmente asequibles a la hora de abrir cuentas corrientes. Claramente también tienen exigencias de identificación, pero no son ni mucho menos tan complicadas como lo son en otros países.
En el ámbito europeo, vamos a poder encontrar un gran número de entidades financieras que ofrecen productos bancarios a no residentes. En este tipo de productos, tenemos niveles de exigencia muy simples previos a la contratación, como pueden ser simples procesos de identificación y declaración de ingresos, hasta procesos donde las exigencias que se incluyen son mucho más profundas, y van desde la revisión del historial crediticio y el estado de morosidad, hasta pruebas de solvencia.
